El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció cambios significativos en la política de asilo en la frontera con México.
Estos cambios otorgan a los agentes federales más poder discrecional para negar solicitudes de asilo a aquellos extranjeros que representen una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Además, se busca acelerar las deportaciones de aquellos que no cumplen con los requisitos para recibir asilo.
Estas medidas han sido implementadas como parte de una estrategia del gobierno de Joe Biden para abordar la crisis en la frontera sur, que ha visto un aumento en detenciones, deportaciones y cruces ilegales en los últimos años.
La falta de capacidad del gobierno federal para gestionar esta crisis ha sido evidente, con millones de detenciones en la frontera y un aumento en las solicitudes de asilo por parte de extranjeros que huyen de sus países por diversas razones.
La ley y los reglamentos vigentes establecen que, si un individuo solicita asilo y expresa un miedo creíble, su caso será referido a un juez de inmigración, quien tomará la decisión sobre su futuro en el país.
La Corte de Inmigración (EOIR) tiene una gran cantidad de casos acumulados, con un tiempo promedio de resolución de entre 3 y 4 años.
La nueva norma de asilo también incluye la aplicación de la regla de Elusión de Vías Legales (CLP) por parte del DHS, con el objetivo de incentivar el uso de procesos ordenados y aplicar consecuencias más rápidas a quienes no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) emitió una guía revisada para los funcionarios de asilo
Con el fin de evaluar la posibilidad de reubicar a los solicitantes de asilo en otras partes del país donde puedan estar seguros de la persecución.
La medida para rechazar rápidamente el asilo de algunos inmigrantes será impugnada en los tribunales de justicia.
La administración Biden se encuentra en una posición complicada, ya que cualquier acción en materia de inmigración será cuestionada, pero al mismo tiempo se enfrenta a la presión pública para abordar la crisis fronteriza.
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