Más de 100 organizaciones están solicitando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cancele el programa 287(g) que permite a las fuerzas policiales detener a personas indocumentadas.
Este programa es una sección de la Ley de Inmigración que ha estado en vigencia desde 1996 y permite al DHS establecer acuerdos con las fuerzas policiales locales para controlar la inmigración indocumentada en casos excepcionales.
El programa en cuestión, conocido como Comunidades Seguras (Secure Communities en inglés), permite a las fuerzas del orden compartir las huellas dactilares de las personas que han sido detenidas con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
Si ICE determina que una persona es indocumentada, puede solicitar a la policía local que la retenga para su deportación.
Bajo este programa, los agentes locales tienen la autoridad para detener a personas indocumentadas y entregarlas a ICE para su posterior deportación.
Sin embargo, las organizaciones que piden la cancelación del programa argumentan que esto crea un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes.
Muchos inmigrantes temen acercarse a la policía por temor a ser detenidos y deportados, lo que dificulta la cooperación entre la comunidad y las autoridades. Además, sostienen que esto lleva a la discriminación racial y al abuso de poder por parte de las fuerzas del orden.
Estas organizaciones también destacan que la detención de indocumentados a menudo conduce a la separación de las familias y a la violación de los derechos humanos.
Argumentan que la inmigración debe abordarse desde una perspectiva humanitaria, centrada en la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Por lo tanto, consideran que el programa Comunidades Seguras debe ser cancelado y reemplazado por enfoques más justos y equitativos para tratar la inmigración indocumentada.
Las más de 100 organizaciones que enviaron una carta a Mayorkas, entre ellas la ACLU.
El Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, la Alianza Negra para la Inmigración Justa, Freedom for Immigrants, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, United We Dream (UWD) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), señalan que los Acuerdos 287(g) del DHS con los alguaciles antiinmigrantes en todo el país se han convertido en herramientas perjudiciales de los regímenes de aplicación de la ley que apuntan intencionalmente a los inmigrantes, y también en poderosos símbolos políticos para fomentar el sentimiento antiinmigrante.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes enfatizan que el programa 287(g) no garantiza el debido proceso, separa a las familias y en muchos casos las personas deportadas no tienen antecedentes criminales que representen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
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