Prohíben que el gobierno federal separe a las familias migrantes en la frontera

Un juez federal del sur de California ha prohibido que el gobierno federal separe a las familias migrantes en la frontera con México durante los próximos ocho años.

Esta decisión bloquea preventivamente la reanudación de una política implementada, la cual el expresidente no ha descartado utilizar nuevamente si los votantes lo devuelven a la Casa Blanca el próximo año.

Al presentar cargos criminales, el gobierno separaba a los hijos menores de edad de los inmigrantes y los enviaba a hogares sustitutos mientras los padres enfrentaban un juicio criminal.

En octubre, el juez Dana Sabraw provisionalmente aprobó un acuerdo judicial alcanzado entre el Departamento de Justicia y las familias afectadas por las separaciones, representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Ahora, este acuerdo ha sido reafirmado por un período de ocho años.

ACLU afirma que nadie se opuso oficialmente al acuerdo, lo que allana el camino para que se convierta en permanente y ponga fin a esta medida que fue autorizada hace casi siete años.

Según el gobierno de Trump, las separaciones forzadas ocurrieron entre principios de mayo y el 20 de junio de 2018, y se llevaron a cabo un total de 2,654 separaciones.

Sin embargo, un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicado en enero de 2019 determinó que las separaciones comenzaron muchos meses antes de la fecha reconocida por el gobierno, afectando a miles de indocumentados cuyo número probablemente nunca se conocerá.

las separaciones forzadas fueron ordenadas el 11 de abril de 2017, a través de un memorando firmado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, y enviado a los fiscales de la frontera.

Según los datos del equipo de trabajo (Task Force) creado en febrero de 2021 por el gobierno de Joe Biden, con el objetivo de localizar y reunificar a todas las familias afectadas, se estima que el número de separaciones supera los 5,000.

Tras el acuerdo judicial alcanzado en octubre, ACLU declaró que el documento involucra "su demanda de años de duración en nombre de miles de niños y padres traumatizados que fueron separados por la fuerza bajo la práctica ilegal de tolerancia cero de separar familias en la frontera".

El documento también agrega que "el cuidado y seguimiento de los niños separados por parte del gobierno fue tan deficiente que cuando un tribunal federal finalmente ordenó al gobierno reunificar a las familias (finales de junio de 2018), los funcionarios gubernamentales no pudieron identificar qué niño pertenecía a qué padre".