Los tribunales de inmigración en Estados Unidos, incluyendo el de Miami, se encuentran abrumados por la gran cantidad de casos pendientes.
Este problema ha sido una tarea pendiente para el gobierno, ya que la oleada migratoria del año anterior provocó un aumento en los casos, llegando a más de un millón en el último año fiscal.
Según datos oficiales compilados por la Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, esto representa el triple de los casos que se tenían en 2019.
Los casos para otorgar la deportación o admisión de los solicitantes de asilo suelen demorar años.
Los jueces estadounidenses temen que la situación empeore con la continua llegada de migrantes al país, la gran cantidad de casos que se encuentran estancados en los procesos judiciales estadounidenses debido a la migración.
La acumulación de casos incluye a migrantes que llevan décadas en Estados Unidos y que fueron retenidos por otros cargos.
Sin embargo, la mayoría son solicitantes de asilo político que huyen de sus países y temen ser deportados.
El tribunal de la ciudad de Miami tiene pendientes unos 261.000 casos, convirtiéndose en el más complejo del país. Este número es comparable a la cantidad de casos pendientes en todo el país hace una década.
Las personas que son detenidas en la frontera son liberadas y sus casos quedan pendientes ante el juez.
Esta información se tramita desde el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Justicia y la oficina ejecutiva de remisión de casos de inmigración los devuelve a los tribunales para agendar una audiencia e iniciar el proceso de asilo.
Muchos son liberados sin saber en qué condiciones lo hacen.
"simplemente están siendo liberados sin tener idea de lo que vendrá después".
El centro Catholic Legal Services brinda ayuda a los migrantes para presentar sus peticiones y defenderse ante los jueces.
Miguel Mora, abogado supervisor de Servicios Legales Católicos en Miami, manifestó que los ayudan a entender lo que los jueces quieren saber y colaboran con los jueces para preservar los derechos fundamentales y garantizar eficiencia en el proceso.
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